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El arbitraje en la contratación pública en Colombia

El arbitraje en la contratación pública en Colombia

Dentro de la contratación pública en el país se encuentra el arbitraje como un recurso al cual pueden acceder las partes que hayan celebrado un contrato público y en el cual se presenten conflictos de tipo económico o patrimonial. En este recurso se encuentra incluido el tribunal de arbitramento y sobre él hablaremos aquí.

Características de la actuación arbitral

Antes de entrar a hablar puntualmente de la competencia del tribunal de arbitramento es esencial hablar de las características básicas que la actuación arbitral presenta. Éstas se han definido por la Corte Constitucional presentando los siguientes términos:

  • Inicialmente, ha de quedar claro que los particulares solo pueden administrar justicia en condición de árbitros.
  • Por otro lado, también se ha establecido que el arbitraje es en sí una institución que envuelve una actividad jurisdiccional de función pública. Esta actividad se puntualiza con la marcha de fallos en derecho o en equidad.
  • Así mismo queda claro que estos árbitros deben ser habilitados por ambas partes del problema.
  • Además, es esencial tener claridad de que el ejercicio arbitral solo se realiza de manera transitoria y además es excepcional.

Considerando esto se ha de reconocer que cuando el conflicto se soluciona de forma amigable y cumpliendo el laudo arbitral, las funciones del árbitro concluyen.

Ahora, la Corte Constitucional dentro de la Sentencia C-242 de 1997 entró a sintetizar los diferentes pronunciamientos relacionados con las características del arbitraje y fue el Congreso Nacional, por medio del Acto Legislativo No. 03 de 2002, el que permitió a los particulares administrar justicia, pero ha sido la Corte la que ha definido la función arbitral.

De esta forma, al tener claro que el arbitraje es un mecanismo alternativa para la resolución de conflictos es necesario entrar a hablar de los rasgos especiales que presenta al entrar a resolver conflictos en la contratación estatal.

Funcionamiento del arbitraje en la contratación estatal

De acuerdo a las normas que regulan el funcionamiento del arbitraje se han de considerar las siguientes reglas:

  • Inicialmente, ha de tenerse claro que el conflicto que requiere de arbitraje en este caso ha de tener su origen en alguna circunstancia relacionada con la celebración de un contrato estatal, incluyendo su ejecución, terminación así como liquidación.
  • Así mismo exige identificar a una de las partes como entidad estatal.
  • Y no podemos dejar de mencionar que el contrato no ha de ser de los que se rigen explícitamente por las normas del derecho común.

Estos puntos se han de considerar para considerar el arbitraje como estatal y de esta forma poder aplicar aquellas normas especiales que se encuentran en el Estatuto de Contratación.

Por otro lado, esta función exige que haya 3 árbitros en los conflictos de mayor cuantía aunque las partes pueden elegir nombrar solo 1.

Para aplicar el arbitraje se ha de seguir las normas que lo regulan. Estas se encuentran reunidas en el Decreto 1818 de 1998, específicamente en el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Así, es esta norma la que entra a definir el arbitraje, las modalidades y clases que presenta así como los trámites, los recursos, el laudo arbitral, etc.

Competencia del tribunal de arbitramento

Ya para terminar debemos hablar varios aspectos referentes a la competencia del tribunal de arbitramento.

De esta forma, se ha de tener muy claro que las partes del conflicto al habilitar a los árbitros les permiten a éstos resolver el problema en el foro de un tribunal arbitral. Además, si el conflicto tiene inmersa una transacción lo idóneo es que sea sometido a un tribunal.

De esta forma el Estatuto Arbitral presenta el arbitraje como un mecanismo en el cual las partes involucradas en un conflicto de tipo transigible, prorrogan su solución a un tribunal de arbitramento.

Es entonces este tribunal el que queda investido, de manera transitoria, de la facultad de administrar justicia y por ende teniendo la facultad para proferir una decisión conocida en este mecanismo como laudo arbitral.

Considerando lo anterior debemos considerar las limitaciones que frenan la viabilidad del arbitraje en el caso de contratación estatal. En este orden de ideas el contenido de la cláusula compromisoria es el que determina y limita el ámbito de competencia sobre el cual los árbitros podrán pronunciarse.

Así, si la cláusula no especifica los desacuerdos que han de someterse a la intervención del os árbitros se entiende que extiende hacia los conflictos que tengan relación con el contrato fuente.

Por otro lado si las partes han dispuesto la exclusión de ciertos asuntos es claro que los árbitros no podrán pronunciarse sobre ellos.

Finalmente, ha de quedar muy claro que todo asunto o conflicto que surja en un contrato estatal y que sea de carácter económico o patrimonial puede resolverse por medio de arbitraje. Así lo deja claro el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998.

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